El periódico nacional 20 Minutos ha publicado un artículo firmado por nuestra directora de Asuntos Corporativos y Legales, Rocío Ingelmo, del que nos hacemos eco en Imperial Matters.
Las recientes iniciativas legislativas dejan clara la voluntad del Ministerio de Sanidad de avanzar en la protección de los jóvenes para evitar que se inicien en el consumo del vapeo.
La creación de un nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos es una medida que contribuye a ordenar la venta legal, dejando al descubierto el comercio ilícito, que precisamente es el que más penetración tiene entre los jóvenes, quienes muestran preferencia por sabores de bebidas o postres.
De la recaudación de este nuevo impuesto especial, un 58% corresponde a las comunidades autónomas, cifra a la que hay que sumar el 50% de los ingresos generados por el IVA aplicable a estos productos. De hecho, tanto el País Vasco como Navarra ya lo han incorporado en sus respectivos sistemas de Concierto y Convenio económico.
Es por ello que resulta especialmente llamativo que entre las medidas incluidas en el borrador del real decreto que ultima el Ministerio de Sanidad, se proponga que estos productos con y sin nicotina “solo contengan ingredientes aromatizantes o saborizantes que confieran al producto final aromas y/o sabores a tabaco”.
Esta medida, que no tiene en cuenta los hábitos de vapeo de los diferentes grupos sociales, entre ellos los fumadores que hacen uso del cigarrillo electrónico para cesar o reducir su consumo, supondría la eliminación de aproximadamente el 90% de los vapeadores que hoy en día pueden comprarse en nuestro país.
Según los datos proporcionados por la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), esta prohibición de sabores podría afectar al 80% de la facturación del sector del vapeo y provocar el cierre de al menos 500 tiendas especializadas, además de la eliminación de más de 1.500 empleos, la mayoría de ellos en Cataluña.
Más allá del impacto económico para el “sector privado”, sorprende que esta iniciativa conviva en el tiempo con la creación del nuevo impuesto.
Si tenemos además en cuenta el coste de medios humanos y materiales, que la creación de una nueva figura impositiva tiene para la Agencia Tributaria, la verdad es que la iniciativa del Ministerio de Sanidad no acaba de entenderse y genera dudas en términos de coherencia normativa.
Y aún más si vemos lo sucedido en los países donde la prohibición de sabores ya existe. En Dinamarca, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de 15 a 29 años ha aumentado un 5%, desde la prohibición en 2022, según datos de la Encuesta Nacional Danesa de Hábitos de consumo de 2024. Si miramos a Países Bajos, un 85% de los consumidores continúa comprando vapers de sabores en páginas web o en otros países. Tal es la preocupación por la ineficacia de la medida que el propio ministro de Sanidad holandés ha pedido a la UE que se prohíban las ventas transfronterizas en todo el territorio.
Sería paradójico que España, que ya ha logrado salir de unos niveles muy altos de contrabando de tabaco, se tuviera que enfrentar ahora a un nuevo comercio ilícito. No creo sinceramente que cuando el Ministerio de Hacienda decidió gravar estos productos, adelantándose incluso a la próxima revisión de la Directiva de Impuestos especiales sobre el tabaco, pensase en no cumplir con sus objetivos de recaudación.
Yo sinceramente no lo hubiera hecho de haber tenido la foto completa.
Rocío Ingelmo
Profesora Asociada Derecho Tributario UAH
